Con la Ley de Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos recién aprobada, los 125 municipios mexiquenses deberán crear un Banco de Alimentos y generar el andamiaje legal para recibir donativos, ya que actualmente arrojan a la basura 20.4 toneladas de comida al año, y el Estado de México es el cuarto lugar con menores anémicos.
Además deberán establecer mecanismos para obligar a las centrales de abasto, mercados, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes e industria de la transformación a transportar y entregar alimentos que no sean comercializados o utilizados a Bancos de Alimentos ó a organizaciones civiles o comunitarias.
Con la normatividad, las personas beneficiadas por algún programa de asistencia social o municipios y/o localidades con un mayor índice de marginación podrán recibir la ayuda directamente, entre otros términos.
El presidente del Partido Verde Ecologista del Estado de México, José Couttolenc Buentello, que ha promovido la legislación, agregó que lastimosamente el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en pobreza con ocho millones 230 mil personas, de decir, un 47.9 por ciento de los mexiquenses.
Además, la demarcación se coloca en sexto lugar en desnutrición crónica y cuarto en prevalencia de anemia en menores de cinco años, “quien no come, no puede vivir y quien come deficiente se ven afectadas sus capacidades de desarrollo, lo que impide tener una buena calidad de vida”, exclamó.
Agregó que “actualmente en el país se desperdician aproximadamente 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, además de que la carencia alimentaria es una de las caras más crueles de la pobreza”, aseguró el también Coordinador de la bancada, José Couttolenc Buentello.
Sin duda, uno de los logros destacados en 2020 por el Grupo Parlamentario del PVEM en el Estado de México fue impulsar el Decreto que recobra importancia al voltear a ver datos preocupantes como los del Banco de México, que calcula en 20.4 millones de toneladas de alimentos desperdiciados al año, lo que representa 17o kilogramos por persona anuales, mismos que podrían cubrir la demanda de 7.4 millones de personas en pobreza y carencia alimentaria.
“En el Estado de México se reconoce constitucionalmente el derecho que tiene toda persona a una alimentación adecuada y al cuidado de la salud, por ello, las autoridades debemos procurar que los mexiquenses cuenten con, una alimentación segura y una nutrición adecuada; así como los medios para obtenerla, con primordial atención en la calidad de la alimentación que consumen nuestros niños y jóvenes, y comunidades más vulnerables de la sociedad”, finalizó.
