La mayoría de los municipios del Estado de México aumentaron su deuda de 2 mil 905 millones 743 mil pesos en 2016 a 15 mil 713 millones de pesos 882 mil pesos, más de cinco veces en 2017, en solo dos años, afirmó la diputada mexiquense Karina Labastida Sotelo.
Con los compromisos de corto plazo del orden de 12 mil 180 millones 807 mil 400 pesos las próximas administraciones tendrán dificultades luego de que asuman funciones el 1 de enero del 2018 “prácticamente con las manos atadas”.
La diputada local por Morena, Labastida Sotelo, y comisionados del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso mexiquense (OSFEM), confían en la responsabilidad de los actuales gobiernos y que cumplirán los compromisos en el corto plazo, pero solicitó auditoría a los pasivos municipales ya que es aumento exponencial de deuda.
De sumar deudas de las administraciones centrales de los ayuntamientos con las de los sistemas DIF y organismos de agua, a corto plazo deben pagarse 22 mil 393 millones 495 mil 400 pesos.
De los 125 municipios, las deudas en 82 rebasan el 40 por ciento de sus ingresos ordinarios, situación que viola el artículo V de la Ley de Ingresos de los Municipios y los coloca en el sistema de alerta, y citó casos graves como Coacalco, con 92.2 por ciento de deuda contra sus ingresos.
Otros como Tultitlán lo rebasan 56.1 por ciento; Cuautitlán, 55.9 por ciento; Naucalpan, 51.2 por ciento; Ecatepec, 45.6 por ciento y Nezahualcóyotl, 44.4 por ciento,
Por créditos bancarios, “la deuda pública de largo plazo de los ayuntamientos, que suma 7 mil 603 millones 230 mil 500 pesos, es ya una pesada carga para la prestación eficiente de los servicios elementales pues resta margen de maniobra al gasto, pero los adeudos de corto plazo implican eso y un manejo poco serio y poco responsable de las finanzas públicas, quizás hasta irregular”, apuntó Labastida Sotelo.
Karina Labastida dijo que con la deuda se ha estado castigando mucho la realización de obra pública y ampliación de beneficiarios de programas sociales, ya que durante el 2017 “se pagaron intereses, comisiones y otros gastos por 641 millones 299 mi 300 pesos, es decir, 208 millones 785 mil 900 más que en el 2016, cuando se destinaron a ese rubro 432 millones 513 mil 400 pesos”.
Es lo que justamente se tiene que auditar, porque tampoco se ven los beneficios, especialmente en materia de seguridad y de combate a la pobreza, resaltó.
