Por omitir 18.3 millones de pesos en su Declaración Patrimonial de tres años, como director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo fue inhabilitado por 1o años.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que realizaron un exhaustivo procedimiento de responsabilidades con el fin de determinar e imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a un ex director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la pasada administración federal.
La secretaria Sandoval Ballesteros manifestó que los «altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”.
Resaltó que al verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos, detectaron las omisiones de la persona sancionada en sus declaraciones presentadas ante esta dependencia.
La titular de la Función Pública recordó que “este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado”.
La sanción, que le fue notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años, de 2014 a 2016.
Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.
Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
Durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada.
Este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.
