Las recientes acciones “animalistas” del Gobierno de la Ciudad de México pueden provocar un incremento en la venta ilegal y el maltrato de las especies, como consecuencia directa de políticas prohibicionistas, la improvisación administrativa de los funcionarios públicos, así como por operativos mal preparados advirtieron dirigentes de organizaciones de comerciantes, abogados y médicos veterinarios.
Los representantes de profesionistas y empresarios coincidieron en que el bienestar de las mascotas y animales de compañía es un objetivo legítimo y compartido, tal como lo ha expresado la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Sin embargo, rechazaron los mecanismos utilizados por funcionarios capitalinos, los cuales —lejos de proteger a los animales— han criminalizado a comerciantes formales que operan bajo esquemas legales y regulados, así como a los especialistas que los acompañan.
En declaración conjunta, Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social (MONACOSO A.C.); César Ríos, asesor jurídico de los comerciantes; Aída Álvarez Salas, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México A.C. (COMVEMEX); y Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, calificaron como falsas las acusaciones de maltrato animal al interior de los mercados públicos.
Al interior de los mercados públicos no se realiza la venta ilegal ni el maltrato animal. Por ejemplo, el cierre de la venta legal en el Mercado Sonora estuvo acompañado de acciones ilegales por parte de funcionarios de la alcaldía Venustiano Carranza, enviados por la alcaldesa Evelyn Parra para presionar e intimidar a los comerciantes, denunció César Ríos, abogado especialista encargado de la defensa legal.
Precisó que ninguna clausura fue motivada por maltrato animal, ya que los locatarios cumplían con los reglamentos vigentes y contaban con la asesoría de médicos veterinarios. “Las sanciones se aplicaron por supuestas faltas administrativas, mediante procedimientos irregulares y amenazas para inhibir la defensa de sus derechos”, afirmó.
Alberto Vargas Lucio señaló que, ante la negativa de las autoridades para dialogar, continuarán las acciones jurídicas para la legítima defensa de los derechos de los locatarios. Subrayó que la medida tomada en diciembre pasado, afecta gravemente a comunidades indígenas y rurales de la Ciudad de México y de entidades como Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Estado de México, para quienes la crianza y comercialización de animales de consumo es una actividad económica fundamental y ellos, tenían al Mercado Sonora como punto de abastecimiento.
“Estas comunidades tendrán que ser escuchadas, porque se les ha negado el derecho de realizar una actividad que es parte de “sus usos y costumbres” que además de ser legal, da sustento a sus comunidades, ya que suministraban productos a restaurantes, fondas y negocios de comida”, remarcó.
Alberto Vargas advirtió que la capital del país se encamina a una auténtica “cacería de brujas” contra los mercados públicos. La prohibición no solo impacta la venta de perros y gatos, sino también actividades productivas esenciales como la comercialización de codornices para restaurantes, lombrices para la agricultura, gallinas de granja, peces, tortugas y otras especies.
El resultado —advirtió— será inmediato y previsible: el crecimiento de la venta clandestina en las inmediaciones de los mercados, operada por ambulantes tolerados por las propias autoridades.
Adicionalmente a la prohibición de vender animales en mercados públicos, Aida Álvarez informó que el gobierno de Clara Brugada publicó en diciembre pasado, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el decreto que prohíbe el uso de jaulas y transportadoras para resguardo de animales en locales comerciales, así como la permanencia de mascotas en los establecimientos, mientras estos estén cerrados. Esta disposición obliga a todos los comercios que tienen este giro a modificar de manera sustancial sus protocolos de trabajo.
“Al ordenar el retiro de rejas y jaulas de resguardo, se debe sustituir por un tipo de corral en donde deberán convivir distintas especies, situación que —advirtió— podría representar un riesgo de agresiones entre los animales”.
Otra de las medidas contempla el retiro de las mascotas de los locales durante las noches o en días de descanso laboral, lo que forzará a los propietarios a contar con espacios alternos de custodia y trasporte especial diario, incrementando de manera considerable los costos de operación y traslado; “no me imagino la logística que deberán desarrollar los comerciantes de peces, aves o perros de raza, para llegar todos los días con sus ejemplares y por la noche retirarlos, como si fuera mercancía de tianguis, comentó la especialista.
“Además, este decreto -que es muy confuso-, introduce el concepto de “venta por catálogo” el cual es iniciativa del diputado Jesús Sesma bajo la cual pretende que los animales no estén exhibidos físicamente y los compradores los conozcan por citas.
Aida Álvarez lamentó que las propuestas de especialistas, investigadores y comerciantes para mejorar el cuidado de las mascotas durante las actividades mercantiles, expuestas en el foro de bienestar animal hayan sido desechadas. En contraste, señaló que la Jefa de Gobierno únicamente retomó la iniciativa del legislador Jesús Sesma del Partido Verde, la cual —afirmó— se limita a imponer prohibiciones y sobrerregulación al comercio legal de animales de compañía y se convierten en bodrios administrativos que fomentan la corrupción.
