Colegios solicitaron a la Asociación de Bancos de México no eliminar la tasa cero en pagos con tarjetas a la educación básica, porque reducirán recursos que actualmente destinan a becas, mantenimiento, capacitación docente, tecnología, seguridad, innovación y mejora de los servicios educativos, además de desalentar el cumplimiento de los padres de familia.
La Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) dio a conocer, en un comunicado firmado por su presidenta, Ana Luisa Domínguez Gasca, que en reunión con el sector banquero manifestaron su profunda preocupación ante la modificación, para octubre de este año, de las condiciones preferenciales de tasa 0% aplicables a los pagos con tarjeta realizados en instituciones particulares de educación básica, para pasar a 1.12%.
Argumentaron que durante años, la tasa de intercambio de 0% aplicable a este tipo de operaciones favoreció el uso de medios electrónicos para el pago de colegiaturas y otros servicios educativos. Además de facilitar el cumplimiento de las obligaciones escolares de las familias, este esquema contribuyó a la seguridad, la trazabilidad de las operaciones y la inclusión financiera.
La CNEP expuso a representantes del sector bancario las consecuencias económicas y operativas que tendría la eliminación de este tratamiento preferencial. En dicho encuentro se presentaron las características propias de las instituciones de educación básica y el efecto que la nueva comisión podría generar tanto para los colegios como para las familias.
Lamentamos que hasta este momento, los argumentos expresados por el sector educativo, no hayan derivado en una reconsideración de la medida. Reconocemos el derecho de las instituciones financieras a establecer las condiciones de los servicios que prestan dentro del marco normativo y contractual correspondiente.
Nuestro planteamiento no pretende regular su actividad ni desconocer sus costos de operación. Busca hacer visible que una modificación de esta naturaleza produce consecuencias concretas en un sector que presta un servicio de interés público y que contribuye significativamente a la atención educativa del país.
La nueva comisión representará un costo adicional que deberá ser absorbido por las instituciones educativas o, en su caso, trasladado total o parcialmente a las familias. En cualquiera de estos escenarios, se reducirán recursos que actualmente se destinan a becas, mantenimiento, capacitación docente, tecnología, seguridad, innovación y mejora de los servicios educativos.
De acuerdo con las estimaciones del sector, «una institución con aproximadamente 300 estudiantes y una colegiatura mensual promedio de 3 mil pesos podría enfrentar un costo adicional cercano a los cien mil pesos anuales. El impacto específico dependerá del volumen de operaciones, de las condiciones contractuales y de la proporción de pagos realizados con tarjeta», establecieron en un comunicado.
También nos preocupa que el encarecimiento de los pagos electrónicos desincentive su utilización y propicie un mayor manejo de efectivo en las comunidades escolares con los riesgos administrativos y de seguridad que ello implica.
Las escuelas particulares de educación básica no desconocemos que se presentaron prácticas indebidas por parte de algunas instituciones que utilizaron clasificaciones o condiciones que no les correspondían. Sin embargo, consideramos que esas situaciones deben atenderse de manera específica y no mediante una medida general que termine afectando a miles de colegios que han operado correctamente y a las familias que confían en ellos.
La educación particular no atiende exclusivamente a sectores de altos ingresos. Miles de familias mexicanas realizan un esfuerzo considerable para elegir el proyecto educativo que consideran más adecuado para sus hijas e hijos. Por ello, cualquier costo adicional relacionado con el pago de las cuotas escolares debe analizarse con responsabilidad y tomando en cuenta sus posibles repercusiones.
La CNEP hace un llamado respetuoso a la Asociación de Bancos de México y a las instituciones financieras participantes para que:
1.Reconsideren la eliminación generalizada de la condición preferencial aplicable a la educación básica.
2.Establezcan mecanismos que permitan distinguir a las instituciones que cumplen correctamente con la clasificación correspondiente.
3.Informen con transparencia las condiciones, porcentajes, fechas de aplicación y criterios que regirán el nuevo esquema.
4.Mantengan abierto un espacio de diálogo con las organizaciones representativas del sector educativo.
5.Exploren alternativas que eviten trasladar una carga económica adicional a los colegios y a las familias. La CNEP reitera su disposición para continuar el diálogo y aportar información que permita dimensionar objetivamente el impacto de esta decisión.
No solicitamos privilegios ni pretendemos intervenir en la operación de la banca; solicitamos que se reconozca la naturaleza particular del servicio educativo y que no se perjudique a todo un sector por prácticas atribuibles a casos específicos.
Las instituciones educativas particulares cumplimos una función social relevante y contribuimos a garantizar el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijas e hijos. Toda decisión que incida en la sostenibilidad de las escuelas y en la economía familiar merece ser examinada con seriedad, evidencia y responsabilidad compartida.
