- El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Enrique Vargas, propuso reformas a la Ley General para la Igualdad Sustantiva para que la violencia docente sea reconocida y sancionada y evitar que los maestros sean revictimizados
- La iniciativa contempla incluir a las niñas y adolescentes en la protección del hostigamiento y acoso sexual, además del estudio y capacitación de las causas que originan la violencia en estos sectores
Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos de la LXVI Legislatura del Senado de la República aprobaron las iniciativas de reforma a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, propuestas por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, que, entre otras actualizaciones, contemplan que la violencia docente sea reconocida y sancionada de manera adecuada para proteger a los maestros y maestras de México, pues existen deficiencias legales que revictimizan a las víctimas y se requiere de un enfoque integral y multidisciplinario para su atención.
De acuerdo con la iniciativa presentada por el senador por el Estado de México, la violencia en el ámbito educativo es un fenómeno persistente y complejo que requiere el fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizarles el acceso a la justicia a quienes la han enfrentado, por lo que considera necesario incluir a las maestras y maestros en la definición de la violencia docente, además de englobar la perspectiva de género para fortalecer el marco legal y civil para quienes hostigan y acosan, y en el diseño de programas reeducativos integrales para víctimas y agresores, entre otros.
“Agradezco mucho a mis compañeros senadores de todos los grupos parlamentarios y que forman parte de las Comisiones Unidas por respaldar esta iniciativa que presenté para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la que ahora se reconoce y sanciona de manera adecuada la violencia de género en el ámbito educativo que desafortunadamente es un fenómeno persistente, por lo que será obligatoria la implementación de protocolos y mecanismos con perspectiva de género para proteger a las mujeres que se desempeñan en el ámbito docente. Esto se traducirá en más seguridad para nuestras maestras del Estado de México y todo el país”; aseveró.
Entre las modificaciones propuestas por el senador Enrique Vargas y que fueron aprobadas por las Comisiones Unidas, se encuentran la reforma al Artículo 12 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para que se constituya como violencia docente las conductas que dañen la autoestima y que se inflijan en los centros educativos o derivados de una relación escolar; al Artículo 14, para que este fenómeno se atienda con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad, y se promueva y difunda entre la sociedad que el hostigamiento y el acoso sexual son expresiones de violencia y delito, y pueden constituir causas de rescisión laboral y faltas administrativas.
Además, se establece como obligación el crear procedimientos administrativos claros y precisos en escuelas, centros educativos y laborales, la preservación del derecho a la protección de los datos personales de las víctimas para evitar la revictimización, y la responsabilidad de proporcionar atención médica a quienes sean víctimas de hostigamiento y acoso sexual.
También se contemplan modificaciones al Artículo 38 de la citada ley, para que se contemplen los derechos de las adolescentes y niñas en los programas de educación y capacitación en materia de derechos humanos para el personal encargado de la impartición de justicia, que estos mismos sectores sean incluidos en la vigilancia para que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra ellas y para garantizar la investigación y elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas y consecuencias de las violencias de género, entre otras.
Dichas reformas, destacó el senador panista, Enrique Vargas, surgieron de la mesa de trabajo “Escuchar para legislar” que llevó a cabo y en la que se abordaron diversos temas como trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, atención a la violencia de género, desarrollo laboral, programas de salud, atención a la niñez, en la que participaron 10 coordinadoras municipales, así como cinco coordinadoras regionales, mujeres rurales, emprendedoras, indígenas, comerciantes y abogadas.
