Cuando los militares se encargan de la seguridad en los países, protegen a los gobiernos no a los ciudadanos, ya que aplican un sistema de protección totalitario del Estado, establecieron investigadores y expertos en el Atlas de la Seguridad y Defensa de México.
De acuerdo con la presentación vía zoom, del Atlas por el presidente del Colectivo Análisis de Seguridad con Democracia (CASEDE), Raúl Benitez Manaut, el director Ejecutivo de Instituto para la Seguridad y Democracia, Miguel Garza Flores y el rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, José Antonio Lara Mata, moderados por el maestro universitario Daniel Alvarado, la militarización significa la seguridad del régimen no ciudadana.
Coincidieron en que las acciones de militares difícilmente tendrán efectividad en la seguridad ciudadana porque se abocan más a la protección de los bienes y acciones del Estado, de acuerdo con el Atlas elaborado por Sergio Aguayo, Raúl Benitez Manaut, Juan Antonio Leclercq, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y Keyla Vargas.
El propio Raúl Benítez Manaut, presidente del CASEDE recordó que históricamente la militarización se encuentra desde Independencia, y el siglo XIX nuestro país también fue militarizado. «En el país hay recurrencia en el uso de militares», pero como no es necesaria una defensa nacional, ya que no hay conflictos entre países, sino buenas relaciones, lo destinan a otras funciones.
«Es una militarización zigzagueante» porque mientras se recurría al Ejército en momentos de desastres, también lo llevaban ante los carteles de la droga, el huachicol y otras acciones de la delincuencia organizada.
Benítez Manaut señala que el Atlas de la Seguridad, además del tema de la intervención del Ejército, incluye un mapa de los carteles de las drogas en las fronteras, donde alcanzan importancia porque cruzan enervantes y migrantes, a quienes utilizan como «mulas» para el trasiego de estupefacientes: «criminalizan la migración».
El Atlas es una lectura de cabecera para los implicados en la seguridad, por las investigaciones ya que trata el problema de inseguridad y soluciones, propuestas, y analiza programas que no embonan con la constitución, protocolos que ejecutan e impactan contra la Constitución, o el sistema penitenciario.
El investigador mencionó el caso de la migración, que es un problema de seguridad pública en zonas urbanas y rurales, por la inseguridad ciudadana que genera, pero la Constitución y tratados internacionales firmados por México establecen que hay que protegerlos.
Son tratados internacionales, firmados por México, no hay forma de salirnos de los límites de la Constitución ni de estos tratados.
Indicó que la tragedia para el país en seguridad es un sistema legal que no se adapta al enemigo, un Sistema de Justicia Penal que tampoco fue dirigido al respeto de los derechos humanos, ni para el tipo de crímenes que ciudadanos afrontan.
El experto también establece que la liberalización de uso de las drogas, en especial la cannabis, no cambiará relación de justicia y delincuencia, ya que no deriva en crímenes graves, sin embargo la cocaína si deja crímenes graves.
En tanto, Miguel Garza Flores, del Insyde mencionó el análisis sobre las corporaciones municipales que dirigió Ernesto López Portillo en el que plantea fortalecer y ampliar las policías estatales y municipales para hacerlas eficientes.
Y así mencionó que en el Atlas incluyen el análisis de corporaciones municipales y estatales del país, desde la chicas con menos de 200 elementos como las de Colima y San Miguel Allende y las grandes que desplazan más de 2 mil.
Resaltó la corporación de San Miguel Allende, ya que en sus filas el 42 por ciento son mujeres, como Londres, que tiene mitad y mitad y en las patrullas va un elemento femenino y uno masculino. En el ámbito nacional menos de 20 por ciento son mujeres en las instituciones policiacas.
En cuanto armamento, citó que hay corporaciones en que los policías no tienen chalecos antibalas, o lo comparten, lo que resulta peligroso, porque lo usan húmedo, no sirve y se echa a perder.
Citó el equipo con que cuentan en policías municipales como cámaras corporales en Monterrey y San Pedro Garza, así como armas no letales, de descarga eléctrica, pero mencionó que hay vacío en cuanto a saber si su uso incurre en violación de derechos humanos.
En cuanto a condiciones laborales de los elementos mencionó Zapopan y Guadalajara que cuentan con un seguro de vida por un millón 200 mil pesos. En Guadalajara y Ciudad Juárez, gozan de guardería conforme al horario, y en Cancún servicio de sastre. En otras instituciones de seguridad tienen Comida caliente y sala de lactancia.
De equipo destacó las plataformas digitales de Querétaro, Chihuahua. En Desarrollo policial, comentó lo de Colima, ya que un agente policiaco forma parte del consejo de seguridad y en Guadalajara, León y Tonalá, hay representante de la sociedad civil en el Consejo de Seguridad, que es importante porque ahí dan argumentos para los procesos de sanciones o ascensos.
En cuanto a policía de Proximidad, expuso los casos de Nezahualcóyotl y Querétaro, pero comentó que estos elementos no están debidamente aprovechados en la solución de problemas en otros municipios. También citó los aspectos de investigación criminal, justicia cívica, y medición de resultados, como en Naucalpan, que de 2003 a 2009 aplicaban una encuesta de victimización.
José Antonio Lara Mata, rector de Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas. explicó que en seguridad hay problemas viejos y nuevos, pero son no pasados, ya que siguen presentes. «La criminalidad, es como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma».
Citó como temas interesantes del Atlas, la violencia contra mujeres, la percepción de militarización como problema histórico, ya que no hay la certeza científica que ni en México, ni en otro país, es efectiva para reducir el problema de seguridad.
