Para mejorar la impartición de justicia, se requiere modificar la legislación de amparo, incrementar el personal de justicia local, más independencia de poderes locales, mayor presupuesto señaló el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar.
En entrevista después del Encuentro Empresarial con la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México, que preside Raúl Chaparro Romero, Sodi Cuellar reiteró que «para una justicia más expedita y adecuada a las necesidades de los mexicanos, los problemas de fondo son la falta de recursos a nivel local, la gran asimetría entre un pode judicial y otro, la ausencia de personal calificado, tanto en litigantes como personal en el Poder Judicial, la escasa tecnológica entre todos los tribunales, por lo que hay que invertir en tecnología para homologar tribunales».
Apuntó que se ha perdido el aspecto práctico del juicio de amparo, «ya que la justicia federal ordena reposición de procedimiento porque en el juicio se tardaron más de 10 días en dictar sentencia, y cuando se tiene que reponer procedimiento en un delito grave como el secuestro, no vuelven a ir las partes, la víctima no quiere volver y entonces vamos a una absolutoria, por culpa del Poder Judicial Federal».
Sobre la prisión preventiva, indicó que los magistrado del Estado de México, emitieron un criterio del pleno, en el cual refieren que la prisión debe aplicarse justificadamente, no discretamente para acreditar la necesidad de cautela. «Le toca probar al Agente del Ministerio Público, la necesidad de cautela bajo esos tres aspectos. La defensa pide una medida cautelar diferente a la prisión preventiva y el juez decide con base en un informe que determina el grado de posibilidad de evadirse y la seguridad de la víctima.
Dio a conocer que «en el Estado de México hay alrededor de 7,573 mil personas en prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada. No estamos en primer lugar, como dice el Gobierno Federal. Las personas privadas de su libertad en el Estado de México son alrededor de 35,000, 27,500 tienen sentencia.
Acerca de jueces bajo investigación, mencionó que hay uno, privado de su libertad, porque dictaba resoluciones de usucapión, que es la prescripción adquisitiva de un terreno, que promovía su esposa, por ejemplo y luego era a través de un amigo, o a veces se cambiaban los roles y hacían muchas actos. Tiene 18 procesos judicializados este juez y varios de sus allegados, de su personal.
«Aceptó que debe haber escrutinio popular del Poder Judicial. Es importante que la sociedad critique las resoluciones del Poder Judicial, analice el trabajo, no a las personas», expresó.
Del caso del juez Juan Manuel Martínez Vitela, quien exculpó a un presunto abusador de una niña de cuatro años, citó el procedimiento de la Contraloría Interna, por los actos que pudo haber cometido, sobre todo posterior a la explicación de la sentencia, y la sentencia que dictó, que está en versión pública, y en proceso de apelación, puede ser revocada, confirmada o modificada.
Dijo que la revisión lo va a hacer el segundo tribunal de Alzada en materia penal, en la región de Tlalnepantla, en Barrientos. Invitó a conocer la sentencia en la versión pública, ya que tiene la esencia resaltada, «ahí pueden ver los argumentos que el juez tomó en cuenta para llegar a su determinación, y esos serán revisados por el Tribunal de Apelación».
