Las transacciones de tierra de propiedad social se dan con desventaja, casi siempre, para el vendedor y para las administraciones públicas, esto es, federal, estatal y municipal, señaló el especialista en Desarrollo Social, Gonzalo Gabriel Estrada Cervantes, quien propone tablas catastrales públicas del costo mínimo de metro cuadrado de terreno.
Explicó que desde una visión práctica, de cómo se dan estos tratos agrarios de traslado de derechos agrarios, ya sea por enajenación o cesión a título gratuito, o supuestamente gratuito, se advierte que no se cuenta con tablas del valor de los predios, ya sea a valor catastral y/o comercial. Con lo cual en ocasiones estas transacciones se dan a precios muy por debajo del costo económico de la tierra y de los bienes distintos a la tierra o activos naturales que en ella misma se encuentran.
Propuso que una manera primigenia de ir perfeccionando el mercado de tierras de propiedad social es teniendo a la vista de todo público los valores del metro cuadrado de tierra y de sus bienes distintos.
«La información debe estar concatenada a información contenida también en los documentos agrarios, esto es, los certificados parcelarios, de uso común y títulos de solar. Información que tiene que ser también útil para acceder a los distintos programas gubernamentales» indicó el también maestro en Derecho Ambiental.
Pormenorizó que los documentos agrarios deben tener en el cuerpo del texto la información referida no solo a superficie, colindancias, sino a tipos de tierras tal y como lo establece la ley agraria; por ejemplo, tierras agrícolas, ganaderas o forestales, y de ser posible los recursos naturales con que cuenten tanto en el subsuelo como en la superficie. «Apurándonos un poco más deben contener un folio universal de productores, en su caso».
Para efectos fiscales, propuso que los documentos deben contener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población y la identificación oficial como pasaporte o credencial del Instituto Nacional de Elector (INE). Lo que incrementaría la certeza económica y documental entre los contratantes, así como facilitar el eventual pago de impuestos y derechos a la Hacienda Pública.
Consideró que de esa forma podremos tener un mercado de tierras de propiedad social cada vez más perfecto para que la administración y la Hacienda Pública, en sus distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal obtengan también dividendos que les permitan enfrentar las inversiones de las mejoras en el ámbito rural.
Los recursos de ahí captados también pueden destinarse al mantenimiento y gasto corriente de las oficinas públicas encargadas de los asuntos agrarios. Además de la creación de fondos especiales que abordaré en otra colaboración, quien fuera reconocido con Diplomado por la Unión Europea.
