El gobierno de Naucalpan solventa observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), de la cuenta pública 2022, pero no ha determinado ni daños directos, ni hay indicaciones de mal manejo de recursos, señaló la presidenta municipal, Angélica Moya Marín, quien agregó que han encontrado deudas ante el SAT, CFE de la pasada administración que no fueron reportadas y por las cuales hay 10 procesos sancionatorios contra ex funcionarios del pasado gobierno.
Explicó que actualmente «nos encontramos en la etapa de solventación de las observaciones, por ejemplo, en lo referente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, es necesario apuntar que al momento de realizar la supervisión de obras en pozos de agua, la CFE no había suministrado la energía eléctrica para su óptimo funcionamiento y hoy eso ya está resuelto y los pozos operan con normalidad«.
En cuanto a supuestos pagos que excedieron el tabulador de sueldos y salarios, hasta el momento el gobierno de Naucalpan ha presentado a la ASF la aclaración de 20 millones de pesos y siguen trabajando para recabar y presentar la información que aclare el monto restante.
«En los próximos días presentaremos el informe final a las entidades fiscalizadoras sobre las acciones de mi gobierno, para atender cada una de las observaciones. Reitero mi compromiso con la honestidad y transparencia. A diferencia de otros, nosotros hemos dado la cara a la ciudadanía, trabajando en colaboración con los vecinos para recuperar nuestro municipio y así seguiremos», expresó la alcaldesa.
Sobre lo que dejó la administración de Patricia Durán, agregó que, además de que no pagó sueldos y prestaciones al personal municipal, pidió préstamos bancarios que dejaron de pagar y endeudaron al gobierno ante el SAT, CFE, incluso deudas que no quedaron registradas, ni estaban presentas en la entrega recepción y por lo tanto no hicieron conocimiento de ellas.
Apuntó que la suma las irregularidades llevó al municipio a perder los sellos fiscales y a entrar al buró de crédito. «La irresponsabilidad financiera de la administración anterior le generó a mi gobierno la obligación de pago de más de 3 mil 500 millones de pesos, lo que equivale a casi un año de presupuesto».
Para ordenar la hacienda municipal con el fin de tener una base sólida y recuperar la operatividad de la administración pública, dijo que se conducen con responsabilidad financiera pagando casi 1,500 millones de pesos de la deuda heredada.
En el combate de raíz de estas irregularidades, la alcaldesa manifestó que la Tesorería Municipal dio parte a la Contraloría interna que fincó responsabilidades administrativas a algunos presuntos responsables de estos desfalcos, por lo cual hay 10 procesos sancionatorios contra ex funcionarios del gobierno anterior, derivado de auditorias del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Auditoria Superior de la Federación y la propia Contraloría Municipal.
Señaló que algunos de estos casos ya son tramitados en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en tanto que se da puntual seguimiento a las sanciones correspondientes a 52 observaciones derivadas de auditorias del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la administración 19-21 y que no pueden solventarse en su momento por ex funcionarios del gobierno anterior.
Explicó que en estas observaciones siete se relacionan con el ejercicio indebido de los recursos financieros, 44 con obras públicas, y 15 con adjudicaciones indebidas, y alertó que estas presuntas irregularidades sugieren un posible daño al patrimonio municipal por más de 5 mil 500 millones de pesos.
Mencionó que ese daño al patrimonio surgen del pasado gobierno por adjudicaciones indebidas, asignación irregular de contratos en áreas como el mantenimiento de sistema de gestión y a un sistema de ejecución fiscal, otro para el cumplimiento a la Norma ISO 9000 y un servicio de depuración de nóminas entre otros.
Abundó que además de las obras señaladas en las auditorías, iniciaron procedimientos para sancionar a los responsables de otras 225 obras que no se concluyeron durante el gobierno de Patricia Durán, mismas que sugieren un monto de 220 millones de pesos.
El contralor municipal, Rafael Funes Díaz, indicó que están en proceso de inhabilitar a otros ex funcionarios, por las obras inconclusas, porque hay empresas que presuntamente se contrataron y «no las encontramos por ninguna parte. Indicó que el OSFEM le regresó 52 observaciones, y que están por aplicar las sanciones correspondientes.
La tesorera municipal, Ana Patricia Murguía Valdés, destacó que por las medidas que tomó el actual gobierno de Naucalpan, les mejoraron la calificación crediticia en dos grados, para pasar de Riesgo a estable, además de que incrementaron la recaudación en 30 por ciento, alrededor de mil millones en los primeros tres meses, de este año, en relación con el anterior.
Especificó que las deudas por impuesto a remuneraciones es de 56 millones, y se hizo convenio con la Secretaría de Finanzas para pagar con un adelanto y mensualidades, al SAT 781 millones por ISR, se pagaron 72 millones de pesos al ISSEMYM y a CFE 80.4, que ya se terminó de cubrir.
