Las acusaciones sobre implicaciones en narcotráfico ya no solo alcanzan a funcionarios o gobiernos locales, también exhiben que estados cómo Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas exhiben el miedo de ciudadanos ante la violencia y presencia del crimen organizado que marcan la vida cotidiana de miles de familias, mientras el partido MORENA sigue minimizando la crisis que hace mucho dejó de ser solamente tema de seguridad afirmó la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México que preside Cristina Ruiz Sandoval.
«El partido MORENA enfrenta una de las crisis más delicadas desde que llegó al poder por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por los presuntos vínculos de gobernantes en el crimen organizado que hoy tienen en el centro al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa y el supuesto uso de estructuras de gobierno para operar políticamente durante el proceso electoral de 2021», establecen en un comunicado.
El partido tricolor dice que, en señalamientos exhibidos en medios y espacios internacionales, durante el proceso electoral de 2021 operaron una estructura de presión, financiamiento ilícito e intimidación para favorecer políticamente al partido MORENA en distintas regiones del estado.
Junto a Rocha Moya también aparecen nombres como Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil y perfiles relacionados con áreas de procuración de justicia y finanzas del gobierno estatal, lo que vuelve todavía más grave el escenario en una entidad marcada por la violencia y la inseguridad.
Durante esta administración, Sinaloa acumula más de 2 mil 600 homicidios, alrededor de 3 mil 600 personas desaparecidas y más de 3 mil familias desplazadas; a esto se suma una crisis económica que dejó cerca de 30 mil empleos perdidos y afectaciones estimadas en más de 70 mil millones de pesos.
Desde 2021, el PRI indicó que ha denunciado ante la FGR la posible intervención del crimen organizado en procesos electorales y la protección política desde el poder; sin embargo, las denuncias siguen sin avances claros ni resultados públicos.
