La depuración del padrón nacional de personas desaparecidas constituye un intento administrativo por reducir la magnitud de la crisis de seguridad en el país. Cristina Ruiz Sandoval, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, advirtió que la actual administración federal pretende eliminar más de 87 mil reportes del registro oficial para ajustar las estadísticas a su favor.
De acuerdo con la dirigencia priista, el gobierno busca reconocer únicamente 43 mil casos de un universo superior a las 132 mil personas desaparecidas. Esta medida ignora que el 52% de los reportes actuales corresponden a los últimos siete años, periodo en el cual se acumulan más de 70 mil ausencias sin resolver.
Crisis forense y concentraciones críticas en el Estado de México
La problemática se agudiza con el rezago en materia de identificación humana. Datos obtenidos por colectivos y organizaciones civiles revelan la existencia de más de 72 mil cuerpos sin identificar a nivel nacional. La distribución de esta crisis forense señala puntos específicos de alerta:
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Entidades críticas: El 60% de los cuerpos sin identidad se concentra en cinco estados, incluido el Estado de México.
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Fosas comunes: En territorio mexiquense, el 95% de los cuerpos que ingresan a los servicios periciales sin identificación terminan en fosas comunes.
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Municipios foco: De las 15 mil personas desaparecidas en la entidad, el 63% pertenece a Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Atlautla.
Fallas en la estrategia de búsqueda
Ruiz Sandoval señaló que la modificación de registros no representa una solución real para las familias. La estrategia actual carece de resultados en materia de investigación y fortalece la impunidad al ocultar la falta de eficacia en las fiscalías locales.
La postura del PRI estatal subraya que el problema de las desapariciones demanda el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda e identificación, y no solo cambios en el papel que borran nombres sin regresar a las víctimas a sus hogares. La crisis de seguridad en los municipios mexiquenses mencionados evidencia el fracaso de los esquemas de prevención y persecución del delito.
