A partir de hoy son vigentes las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación, con las que podrán detener, juzgar y determinar prisión hasta por siete años, a quienes tomen casetas de peaje y cobren a los automovilistas del país.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue publicado ayer el decreto firmado por el presidente de la República, que impone las sanciones, luego de que tramos de la autopista México -Acapulco son constantemente tomados por grupos como estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, de Guerrero, o en la México-Querétaro, Polotitlán, y en la México-Puebla han intervenido supuestas organizaciones sociales.
La ley fue reformada en el primer párrafo del artículo 533, para establecer las sanciones a las personas que ocasionen daños, afecten o dejen inservibles las vías generales de comunicación, así como los equipos con que funcionan.
La ley se aplicaba de manera individual, pero no establecía la prisión, como ahora que lo deja claro, aunque no ocasionen daños a los bienes muebles, por lo que el cambio es también para alcanzar a los grupos de personas que participen en los ahora establecidos como ilícitos.
Antes no ameritaba la cárcel la obstrucción del tránsito vehicular con fines de lucro y la operación de los servicios de peaje, como ahora se aplica a partir de este día.
Con la reforma,aprobada por el Senado de la República el 14 de diciembre del año pasado, la pena en prisión será de tres meses a siete años de cárcel, y el pago de la multa oscila entre las 100 y 500 unidades de medida y actualización. La cantidad se ubica entre los 9 mil 622 pesos y 48 mil 110 pesos, al valor actual.
