Es imperante la necesidad evaluar el desempeño del Sistema Anticorrupción del Estado de México, así como, llevar a cabo las reformas necesarias a su marco normativo, afirmó el presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México, José Couttolenc.
“Lo que buscamos es que, en el corto plazo, quienes busquen enriquecerse con dinero público, lo piensen dos veces, pues de ser descubiertos, las consecuencias que tengan que enfrentar serán graves”, aseveró José Couttolenc.
Anunció que, con ese el fin de combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno y en todas las dependencias públicas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México presentará una propuesta para establecer sanciones a quienes realicen este tipo de acciones, además de que reciban la inhabilitación inmediata, sean obligados a la reparación del daño con su salario y cárcel sin derecho a fianza.
“La corrupción es uno de los principales problemas del país, por lo cual, es urgente establecer sanciones más severas para los funcionarios que incurran en este tipo de actos, primero, evitando que vuelvan a ejercer algún cargo de responsabilidad pública para siempre, en segundo lugar, reparando el daño a la hacienda pública, ocasionado por su conducta, afectando su patrimonio y, en tercer lugar, con penas privativas de la libertad sin derecho a fianza”, resaltó Pepe Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Verde.
De acuerdo con datos del Índice de Estado de Derecho en México 2018 de World Justice Project (WJP), el Estado de México se encuentra entre las cinco entidades federativas peor calificadas en materia de corrupción, además de que como país, México está reprobado con un promedio de 0.45 puntos sobre 1, lo cual lo ubica en el lugar 92 a nivel mundial, entre 113 países.
Dicha encuesta también arroja que el 75 por ciento de los ciudadanos coincide en que la corrupción en el gobierno es una realidad, mientras que el 25 por ciento cree que los funcionarios estatales no incurren en este tipo de actos.
El líder verde ecologista explicó que para erradicar estas prácticas es necesario, además, el establecimiento de códigos de ética vinculantes en todas instituciones públicas del Estado, que contengan sanciones ejemplares. Asimismo, establecer mecanismos de protección a denunciantes de actos de corrupción al interior de las instituciones públicas.
